Permítame el lector que nos situemos por un momento en el Parlamento español en 1932. Azaña apuesta por un Estatuto de Autonomía para Cataluña que supere viejos capítulos de agravios y desencuentros. Ortega pone objeciones razonables y no se muestra tan optimista como don Manuel: nunca se resolverá del todo la relación entre Cataluña y España, entre España y Cataluña. El llamado «problema catalán» sólo se podrá «conllevar». Cataluña y España están condenadas a conllevarse, lo que no deja de ser una fórmula de entendimiento intelectualmente atractiva. Pasados unos meses, Azaña en Barcelona arranca que miles de gargantas den vivas a España, a la República y a Cataluña. Escenificación de un encuentro largamente esperado. Don Manuel y la República viven sus momentos más dulces. Llegarían tiempos mucho peores, los de la detención en Barcelona en octubre del 34 del que fuera principal artífice de aquel Estatuto; más tarde, los de la Guerra Civil, los de la tragedia española convertida en drama por Azaña en su obra «La velada en Benicarló», a la que le escribió un prólogo, no demasiado deslumbrante a decir verdad, un magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Aragón. ¡Qué cosas!
Confieso que cada vez que se debate la relación entre Cataluña y España no puedo no preguntarme si quienes eso discuten tuvieron a bien documentarse al respecto, empapándose de este debate que representa uno de los momentos más brillantes del parlamentarismo español. Y es que tengo para mí que la historia para los políticos tendría que ser algo similar al error para los científicos. El político, cuando se ocupa de asuntos de gran calado, y éste es sin duda uno de ellos, tendría que echar mano de ese continuo proceso de ensayos y errores al que llamamos historia. Y no sólo el político, también lo deben hacer el intelectual que pretende analizar el asunto y el periodista que ambiciona explicarse ante sus lectores, cada uno dentro sus alcances y sus posibilidades, claro está.
Sin embargo, lamentablemente, se diría que cada vez que se discute algo así se parte de cero, es decir, que nadie tiene a bien estudiar el asunto más allá de algún refrito que le llega de oídas, y así nos va.
Y es que, ahora mismo, tras ese editorial conjunto de la prensa catalana, tenemos ante nosotros un problema realmente serio. Es cierto que si la ciudadanía de Cataluña se encuentra con que se desautoriza lo que aprobaron los parlamentos catalán y español y lo que ella misma refrendó puede sentirse estafada y atacada en su dignidad. Lo que ya no está tan claro es a quién sería imputable ese bochorno anunciado que no puede no traer desafección. Para empezar, a los políticos que, como escribí recientemente, se aventuran en la aprobación de un Estatuto cuando el punto de partida tendría que haber estado en una reforma de la Constitución. También es imputable a los políticos que ese Tribunal que demora tanto la esperada sentencia no se haya renovado en tiempo y forma y que, en fin, se hable de los magistrados en función de sus simpatías políticas y no de su profesionalidad. Quiero decir con esto que las responsabilidades de la desafección anunciada no tendrían que recaer exclusivamente sobre una España presuntamente cerrada en banda a pactar con Cataluña, sino a una clase política, catalana y española, que no afrontó el asunto de la forma más adecuada. Ítem más: la dignidad de Cataluña también sufre menoscabos por asuntos de puertas adentro como el «caso Millet», así como por determinadas actuaciones de sus propios políticos, ignominiosas en más de un caso.
En otro orden de cosas, son muchos los asuntos que están en juego en esta discusión. Habla el editorial conjunto de la necesidad de una España plural. Y es incuestionable que no hay otro modelo de convivencia democrática posible que no sea esa pluralidad que, en teoría, reconoce la Constitución. Al hilo de esto, un mero vistazo a la composición del Parlamento de Cataluña nos lleva al convencimiento de que son amplísima mayoría los partidos que apuestan por un techo autonómico muy alto. Por tanto, no cabe otra opción política que no sea respetar las reivindicaciones que Cataluña plantea dentro de la llamada España plural. Y es cierto que ya está bien que se sigan profiriendo los tópicos más vulgares contra Cataluña desde ciertos ámbitos políticos y periodísticos que no hacen más que deteriorar la vida pública. Más aún: tampoco es de recibo el desinterés histórico tan grande que continúa habiendo en España con respecto a la cultura catalana, especialmente hacia su literatura. Se da por hecho que todo catalán debe saber castellano, pero nadie parece plantearse que, en una España plural, un mínimo conocimiento de todas las lenguas y literaturas peninsulares sería, como tanto se repite ahora, «enriquecedor».
Dicho todo esto, que no es más que el reconocimiento de un problema que nunca llegó a resolverse del todo, también quiero hablar de la Cataluña plural, de aquella a la que tanto le debe la literatura escrita en castellano, con autores como Goytisolo, Marsé, Gil de Biedma, Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza y un largo e ilustrísimo etcétera, ello por no hablar de la importancia de grandes editoriales radicadas en Barcelona que publicaron obras maestras de la literatura escrita en castellano durante el siglo XX.
A este respecto, quiero creer que todos somos conscientes de que la pluralidad no sólo tiene que esperarse de España, sino también de Cataluña. Pluralidad que existe en lo lingüístico y en lo cultural y que, en consecuencia, debe tener también su cabida en el discurso político de Cataluña.
Pernicioso sería para Cataluña considerar que los menoscabos a la dignidad y a la pluralidad de su ciudadanía tienen como procedencia exclusiva a España. También es necesario un debate interno a este propósito en la sociedad catalana y que se le conceda el rango necesario en el discurso político.
Y, dicho todo esto, convendría que el debate sobre la España plural y el Estado de las autonomías tuviese lugar en toda España, más allá de los tópicos y más allá, también, de la opinión publicada, que no siempre recoge con exactitud lo que es la opinión pública.
