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Tony Judt: ¿Qué está vivo y qué ha muerto en la socialdemocracia?

Posted By Raimon Obiols On 2 Enero 2010 @ 18:54 In General | 3 Comments

Este texto es la adaptación de la conferencia que [1] Tony Judt pronunció en la New York University el 19 de octubre de 2009. La transcripción ha sido publicada recientemente por The New York Review of Books ( [2] “What is Living and what is Dead in Social Democracy?”). En la Red, esta conferencia ha sido muy comentada durante las últimas semanas. Además de su contenido (es un texto muy sugestivo), ha contribuido el hecho de que Judt anunció que estaba muy enfermo: padece una esclerosis lateral amiotrófica. Lluis Bassets ha relacionado la enfermedad y la conferencia en [3] un artículo interesante. No hay una manera mejor que leer un texto con atención que traducirlo. Es lo que he hecho aprovechando el tiempo libre de estos días de fin de año (es un texto largo). 

Los estadounidenses quisieran que las cosas fueran mejor. Según las encuestas de opinión pública en los últimos años, a todo el mundo le gustaría que sus hijos tengan mejores oportunidades de vida al nacer. Todo el mundo preferiría que su esposa o su hija tenga las mismas probabilidades de sobrevivir a la maternidad que las mujeres de otros países avanzados. Todo el mundo querría disponer de cobertura médica completa a menor coste, una mayor esperanza de vida, mejores servicios públicos, y menos delincuencia.

Cuando se les dice que estas cosas están disponibles en Austria, Escandinavia o los Países Bajos, a cambio de más impuestos y de un Estado “intervencionista”, la mayoría de esos mismos norteamericanos responden:“Pero esto es el socialismo! No queremos que el Estado interfiera en nuestros asuntos. Y sobre todo, no queremos pagar más impuestos”.

Esta curiosa disonancia cognitiva es una vieja historia. Hace un siglo, el sociólogo alemán Werner Sombart hizo la famosa pregunta: ¿Por qué no hay socialismo en América? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Algunos tienen que ver con el enorme tamaño del país: los propósitos compartidos son difíciles de organizar y sostener en una escalera imperial. Hay también, por supuesto, los factores culturales, incluyendo la suspicacia típicamente americana hacia el gobierno central.

Y, ciertamente, no es por casualidad que la democracia social y los Estados del bienestar mejor han funcionado en países pequeños y homogéneos, donde los problemas de desconfianza y recelos mutuos no surgen de manera tan aguda. La disposición a pagar por servicios y beneficios a otras personas se basa en la asunción de que, a su vez, ellos harán lo mismo por ti y tus hijos: porque son como tú y ven el mundo como tú.

Por el contrario, allí donde la inmigración y la existencia de minorías visibles han alterado la demografía de un país, en general encontramos una mayor desconfianza hacia los demás y una pérdida de entusiasmo por las instituciones del Estado de bienestar. Finalmente, es indiscutible que la socialdemocracia y el Estado de bienestar se enfrentan a graves problemas prácticos en la actualidad. Su supervivencia no está en cuestión, pero ya no aparecen tan seguros de sí mismos como en el pasado.

Pero mi preocupación hoy es la siguiente: ¿Por qué aquí en los Estados Unidos tenemos tanta dificultad incluso para imaginar un tipo diferente de sociedad, sin las disfunciones y las desigualdades que nos preocupan tanto? Parece como si hubiéramos perdido la capacidad de cuestionar el presente o, menos aún, plantear alternativas. Por qué es tan por encima de nosotros concebir un conjunto diferente de disposiciones en nuestro beneficio común? 

Nuestra limitación, perdonen el argot académico, es discursiva. Nosotros simplemente no sabemos como hablar de estas cosas. Para entender la razón, necesitamos hacer un poco de historia: como Keynes dijo en una ocasión: “Un estudio de la historia de la opinión es una condición previa necesaria para la emancipación de la mente”. A los efectos de la emancipación mental esta tarde, les propongo que nos tomemos un minuto para estudiar la historia de un prejuicio: el recurso contemporáneo universal en el “economismo”, la invocación de la economía en todos los debates de los asuntos públicos.

Durante los últimos treinta años, en gran parte del mundo de habla inglesa (aunque menos en la Europa continental y en otros lugares), cuando nos preguntamos a nosotros mismos si hemos de apoyar una propuesta o iniciativa, no nos hemos preguntado, ¿es buena o mala? En su lugar nos preguntamos: ¿Es eficiente? Es productiva? Beneficiará nuestro producto interno bruto? ¿Contribuirá al crecimiento? Esta propensión a evitar las consideraciones morales, y limitarse a los problemas de pérdidas y ganancias, a las cuestiones económicas en el sentido más estricto, no es una condición humana instintiva. Es un gusto adquirido.

Hemos estado antes en esta situación. En 1905, el joven William Beveridge, el informe del cual, el 1942, asentó las bases del Estado del bienestar británico – pronunció una conferencia en Oxford en el que se preguntó por qué la filosofía política había sido dominada en el debate público para la economía clásica. La cuestión de Beveridge se plantea con la misma fuerza en la actualidad. Tenga en cuenta, sin embargo, que este eclipse del pensamiento político no tiene relación con los escritos de los grandes economistas clásicos. En el siglo XVIII, lo que Adam Smith llamó “los sentimientos morales” tenían mucha importancia en los debates económicos.

De hecho, la idea de que podíamos reducir las consideraciones de política pública a un simple cálculo económico ya era un motivo de preocupación. El marqués de Condorcet, uno de los escritores más perspicaces sobre el capitalismo comercial en sus primeros años, anticipaba con disgusto la perspectiva de que “la libertad no fuera más, a los ojos de una nación ávida, que la condición necesaria para la seguridad de las operaciones financieras”. Las revoluciones de la época entrañaban el riesgo de fomentar una confusión entre la libertad de hacer dinero… y la libertad misma. Pero, como hemos llegado nosotros, en nuestro tiempo, a pensar en términos exclusivamente económicos? La fascinación por un vocabulario económico descolorido no ha salido de la nada. 

Por el contrario, vivimos en la larga sombra de un debate que es del todo desconocido en la mayoría de la gente. Si nos preguntamos quien ha ejercido la mayor influencia sobre el pensamiento económico contemporáneo de habla inglesa, cinco pensadores nacidos en el extranjero vienen a la mente: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter, Karl Popper, y Peter Drucker. Los dos primeros fueron los “abuelos” de la Escuela de Chicago de la macroeconomía de libre mercado. Schumpeter es más conocido por su entusiasta descripción del poder “creativo, destructivo” del capitalismo, Popper por su defensa de la “sociedad abierta “y su teoría del totalitarismo. En cuanto a Drucker, sus escritos sobre management han ejercido una enorme influencia sobre la teoría y la práctica empresariales en las décadas prósperas del boom de la posguerra.

Tres de ellos nacieron en Viena, un cuarto (von Mises) en Lemberg austríaco (hoy Lvov), el quinto (Schumpeter), en Moravia, a una docena de kilómetros al norte de la capital imperial. Todos ellos estaban profundamente conmocionados por la catástrofe de entreguerras que afectó su Austria natal. Después del cataclismo de la Primera Guerra Mundial y de un breve experimento municipal socialista en Viena, el país sufrió un golpe de estado reaccionario en 1934 y, a continuación, cuatro años más tarde, la invasión y la ocupación nazi.

Todos ellos se vieron obligados a exiliarse por estos acontecimientos y todos – Hayek en particular-situaron sus escritos y enseñanzas a la sombra de la cuestión central de su época: ¿Por qué la sociedad liberal se había derrumbado y dado paso, al menos en el caso de Austria, al fascismo? Su respuesta: los intentos infructuosos de la izquierda (marxista) para introducir en la Austria posterior a 1918 una planificación dirigida estatalmente, unos servicios de propiedad municipal, y una actividad económica colectivizada, no sólo habían demostrado ilusorio, sino que habían conducido directamente a una contra reacción. 

La tragedia europea, por tanto, había sido provocada por el fracaso de la izquierda: en primer lugar para conseguir sus objetivos, y después a la hora de defenderse ella misma y su herencia liberal. Cada uno de ellos, aunque por caminos distintos, llegó a la misma conclusión: la mejor manera de defender el liberalismo, la mejor defensa de una sociedad abierta y de sus libertades concomitantes, era mantener al gobierno alejado de la vida económica. Si el Estado se mantuvo a una distancia segura, si a los políticos – por muy bien intencionados que sean – se les impidió que planifiquen planificación, manipulen o dirijan los asuntos de sus conciudadanos, entonces los extremistas de derecha e izquierda podrán ser mantenidos a raya. 

El mismo reto – cómo entender lo que había pasado entre las guerras y cómo prevenir su repetición – fue confrontado por John Maynard Keynes. El gran economista inglés, nacido en 1883 (el mismo año que Schumpeter), creció en una Gran Bretaña segura, próspera y poderosa. Y entonces, desde su atalaya privilegiada en el Tesoro y como participante en las negociaciones de paz de Versalles, vio como su mundo se colapsaba, llevándose con él todas las certezas tranquilizadoras de su cultura y de su clase. Keynes, también, se hacía la misma pregunta que Hayek y sus compañeros austríacos se habían planteado. Pero ofreció una respuesta muy diferente. 

Sí, reconoció Keynes, la desintegración de la Europa victoriana tardía fue la experiencia definitoria de su tiempo. De hecho, la esencia de sus contribuciones a la teoría económica fue su insistencia sobre la incertidumbre: en contraste con las confiadas panaceas de la economía clásica y neoclásica, Keynes insistía en el carácter esencialmente imprevisible de los asuntos humanos. Si había una lección que podía extraerse de la depresión, el fascismo y la guerra, era esta: la incertidumbre – elevada a un nivel de inseguridad y de miedo colectivas – fue la fuerza corrosiva que había amenazado y podría volver a amenazar al mundo liberal.

En consecuencia, Keynes pensó en un mayor papel para el Estado de la seguridad social, incluyendo pero no limitándose a la intervención económica anticíclica. Hayek proponía lo contrario. En su clásico de 1944, Camino de servidumbre, escribió:

“Ninguna descripción en términos generales puede llegar a dar una idea adecuada de la similitud entre la mayor parte de la literatura política inglesa actual y los trabajos que destruyeron la creencia en la civilización occidental en Alemania y crearon el estado de ánimo en lo que el nazismo podía llegar a triunfar ”.

En otras palabras, Hayek preveía explícitamente una salida fascista en el caso de que el Partido laborista llegara a ganar el poder en Inglaterra. Y de hecho, el Partido laborista ganó. Pero puso en práctica políticas muchas de las cuales se identificaban directamente con Keynes. Durante las siguientes tres décadas, Gran Bretaña (como gran parte del mundo occidental) se gobernó a la luz de las preocupaciones de Keynes.

Desde entonces, como sabemos, los austríacos han tenido su revancha. Para que esto sucediera – y donde sucedió – es una cuestión interesante para otra ocasión. Pero por alguna razón, hoy estamos viviendo el eco tenue, como la luz de una estrella desvaneciéndose, de un debate llevado a cabo hace setenta años por hombres nacidos en su mayor parte en el siglo XIX. Seguro que las condiciones económicas en las se nos anima a pensar no son convencionalmente asociados a estos lejanos desacuerdos políticos. Y sin embargo, sin una comprensión de éstos, es como si habláramos en un idioma que no comprendemos plenamente. 

El Estado de bienestar alcanzó notables éxitos. En algunos países fue socialdemócrata, basado en un ambicioso programa de legislación socialista, en los demás, a Gran Bretaña, por ejemplo, desarrolló una serie de políticas pragmáticas destinadas a aliviar la situación de desventaja y reducir los extremos de riqueza y de indigencia. El tema común y la realización universal de los gobiernos neo-keynesianos de la posguerra fue su notable éxito en la reducción de la desigualdad. Si se compara la brecha que separa a ricos y pobres, ya sea por ingresos o activos, en todos los países de la Europa continental, así como en Gran Bretaña y EE.UU., se verá que se reduce drásticamente en la generación de después de 1945 . 

Con una mayor igualdad llegaron otros beneficios. Con el tiempo, el miedo de un retorno a la política extremista – a la política de la desesperación, la política de la envidia, la política de la inseguridad – disminuyó. El mundo industrializado occidental entró en una era de próspera seguridad: una burbuja, quizás, pero una burbuja confortable en la que la mayoría de la gente vivió mucho mejor de lo que podía haber esperado en el pasado y tenía buenas razones para ver el futuro con confianza. 

La paradoja del Estado del bienestar, y de hecho de todos los Estados socialdemócratas (y democristianos) de Europa, fue simplemente que su éxito a lo largo del tiempo socavaba su atractivo. La generación que recordaba la década de 1930 fue, comprensiblemente, la más comprometida a preservar las instituciones y los sistemas de fiscalidad, de servicios sociales y provisiones públicas, que veían como baluartes contra un retorno a los horrores del pasado. Pero sus sucesores, incluso en Suecia, comenzaron a olvidar por qué se había situado la seguridad en primer lugar. 

Fue la socialdemocracia la que soldó las clases medias a las instituciones liberales a raíz de la Segunda Guerra Mundial (utilizo aquí “clase media” en el sentido europeo). Recibieron en general la misma asistencia social y los mismos servicios que los pobres: educación gratuita, tratamiento médico barato o gratuito, pensiones públicas, etcétera. Como consecuencia, la clase media europea tenía en la década de los 60 ingresos mucho más elevados que nunca, con tantas necesidades de la vida prepagada en forma de impuestos. Y así, la misma clase que había sido tan expuesta al miedo y la inseguridad en los años de entreguerras estaba ahora bien ligada al consenso democrático de la posguerra. 

A finales de 1970, sin embargo, estas consideraciones eran cada vez más olvidadas. A partir de las reformas fiscales y laborales de los años de Reagan y Thatcher, seguidas a corto plazo para la desregulación del sector financiero, la desigualdad volvió a ser un problema en la sociedad occidental. Tras disminuir notablemente hasta finales de la década de los 60, el índice de la desigualdad ha crecido de forma constante a lo largo de las últimas tres décadas. 

En EEUU hoy en día, el “coeficiente Gini” – una medida de la distancia que separa a ricos y pobres – es comparable al de China [1]. Si tenemos en cuenta que China es un país en desarrollo donde enormes brechas se han abierto inevitablemente entre una minoría rica y la mayoría de pobres, el hecho de que aquí en los EE.UU. tengamos un coeficiente de desigualdad similar dice mucho sobre lo lejos que hemos dejado atrás las aspiraciones del pasado. 

Considérese, por ejemplo, la “Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo” de 1996 (un título más orwelliano sería difícil concebir), la legislación de la era Clinton, que trató de remover provisiones de bienestar aquí en los EE.UU. Los términos de esta Ley debería hacernos pensar en otra ley, que se aprobó en Inglaterra hace casi dos siglos: la “Ley de nuevos pobres” de 1834. Las disposiciones de la Ley de nuevos pobres nos son familiares, gracias a la descripción que hace Charles Dickens, de sus efectos sobre Oliver Twist. Cuando Noé Claypole hace la famosa burla del pequeño Oliver, llamándolo “Work’us” ( “Workhouse“, hospiciano), está implicando, en 1838, precisamente lo que transmitimos hoy en día cuando hablamos despectivamente de las “Welfare queens” ( las “reinas del bienestar”). 

La Ley de nuevos pobres era un escándalo, obligando a los indigentes y parados a escoger entre un trabajo a cualquier salario, a la baja, o la humillación de las casas de trabajo (las Working houses). En aquel caso y en la mayoría de las otras formas de asistencia pública del siglo XIX (aunque concebidas y descritas como “caridad”), el nivel de la ayuda y el apoyo era calibrado para ser menos atractivo que la peor alternativa disponible. Ese sistema se basó en las teorías económicas clásicas que negaban la posibilidad de desempleo en un mercado eficiente: si los salarios caían bastante abajo y no había otra alternativa atractiva, todo el mundo acabaría encontrando trabajo. 

Durante los siguientes 150 años, los reformadores se esforzaron para superar estas prácticas degradantes. En su momento, la Ley de los nuevos pobres y sus análogos extranjeros fueron sustituidos por las prestaciones de la asistencia pública, como una cuestión de derecho. Los ciudadanos sin trabajo ya no eran considerados como menos merecedores de derechos, no eran penalizados por su condición ni se les acusaba por su condición como si no fueran buenos miembros de la sociedad. Por encima de todo, los Estados del bienestar de mediados del siglo XX establecieron la inconveniencia profunda de definir el estado civil en función de la participación económica. 

Los Estados Unidos de hoy, en un período de desempleo creciente, un hombre o una mujer sin trabajo no es un miembro de pleno derecho de la comunidad. Para recibir el exiguo subsidio social disponible, primero deben buscar y, en su caso, aceptar trabajo al precio que le ofrecen, por baja que sea la remuneración y desagradable que sea el trabajo. Sólo entonces tienen derecho a la consideración y la asistencia de sus conciudadanos. 

El ejemplo más revelador del tipo de problema que tenemos delante viene en una forma que puede parecer a muchos de ustedes un mero tecnicismo: el proceso de privatización. En los últimos treinta años, un culto de la privatización ha fascinado a los gobiernos del mundo occidental (y buena parte del no-occidental). ¿Por qué? La respuesta más corta es que, en una época de restricciones presupuestarias, la privatización parece ahorrar dinero. Si el Estado es propietario de un programa público ineficiente o de un servicio público pues – un abastecimiento de agua, una fábrica de automóviles, un ferrocarril – pretende deshacerse de ellos vendiendo a compradores privados. 

La venta hace ganar dinero por el Estado. A la vez, al entrar en el sector privado, el servicio o la operación en cuestión se vuelve más eficiente, porque funciona el mecanismo del provecho. Todos se benefician: el servicio mejora, el Estado se deshace de una responsabilidad inadecuada y mal gestionada, los empresarios privados obtienen beneficios, y el sector público tiene obtiene de rebote una ganancia por la venta.

Hasta aquí la teoría. La práctica es muy diferente. Lo que hemos estado viendo estas últimas décadas es el desplazamiento constante de la responsabilidad pública hacia el sector privado sin ninguna ventaja colectiva discernible. En primer lugar, la privatización es ineficiente. La mayoría de las cosas que los gobiernos han tenido a bien pasar al sector privado estaban operando con pérdidas: tanto si eran compañías de ferrocarriles, minas de carbón, servicios postales o empresas públicas de energía, sus costes de suministro y mantenimiento eran superiores a lo que podían esperar obtener como ingresos.

Precisamente por esta razón, estos bienes públicos eran inherentemente poco atractivos para los compradores privados, a menos que se ofreciesen con grandes descuentos. Pero cuando el Estado vende barato, el interés público tiene una pérdida. Se ha calculado que, en el curso de la privatizaciones de la era Thatcher, en el Reino Unido, el precio deliberadamente bajo en que durante mucho tiempo se vendieron bienes públicos al sector privado significaron una transferencia neta de 14 mil millones de libras de los ciudadanos que pagan impuestos a los accionistas y otros inversores.

A esta pérdida hay que añadir unos 3 mil millones de libras adicionales en comisiones a los bancos por la transacción de las privatizaciones. Así, el Estado pagó en total al sector privado unos 17 mil millones de libras (unos 30 mil millones de dólares) para facilitar la venta de activos para los que de otra manera no hubiera obtenido clientes. Se trata de sumas importantes de dinero, aproximadamente la dotación de la Universidad de Harvard, por ejemplo, o el producto interno bruto anual de Paraguay o de Bosnia y Herzegovina. [2] Esto difícilmente se puede interpretar como un uso eficiente de los recursos públicos.

En segundo lugar, se plantea la cuestión del riesgo moral. La única razón por la que los inversores privados están dispuestos a comprar bienes públicos aparentemente ineficientes es porque el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo. En el caso del metro de Londres, por ejemplo, las empresas compradoras se les aseguró que, pasara lo que pasara, quedarían protegidas contra pérdidas graves, lo que socava el argumento económico clásico de la privatización: el afán de lucro que fomenta la eficiencia. El “riesgo” en cuestión es que el sector privado, en condiciones tan privilegiadas, se muestra como mínimo tan ineficaz como su contraparte pública, mientras que obtiene beneficios cargando las pérdidas al Estado.

El tercer y quizá más importante argumento en contra de la privatización es la siguiente. Es indudable que muchos de los productos y servicios que el Estado pretende vender han sido mal gestionados: administración incompetente, falta de inversión, etc. Pero, por mala gestión que pueda haber en los servicios postales, las redes ferroviarias, las residencias de ancianos, prisiones, y otros servicios que se pretenden privatizar, siguen siendo responsabilidad de las autoridades públicas. Incluso después que se venden, no pueden dejarse totalmente a los caprichos del mercado. Se trata por definición de tipo de actividad que alguien debe regular.

Este dispositivo semiprivado-semipúblico de las responsabilidades colectivas esenciales nos devuelve a una historia realmente muy vieja. Si sus declaraciones de impuestos han sido auditadas en los EEUU, aunque sea el gobierno quien ha decidido investigar en cuenta, es muy probable que la investigación sea realizada por una empresa privada. Esta tiene un contrato para realizar el servicio en nombre del Estado, de la misma forma que agentes privados tienen contratos con Washington para garantizar la seguridad, el transporte y el know how técnico en Irak y otros lugares. De manera similar, el gobierno británico a día de hoy tiene contratos con empresarios privados para proporcionar servicios de atención para personas mayores, una responsabilidad antes controlada por el Estado.

Los gobiernos, en definitiva, ceden sus responsabilidades a las empresas privadas que pretenden administrar de manera más barata y mejor que el Estado por sí mismo. En el siglo XVIII esto se llamó tax cultivo. Los primeros Govers modernos a menudo no tenían los medios para recaudar los impuestos y por tanto aceptaban las ofertas de los particulares para llevar a cabo la tarea. El mejor postor conseguía el trabajo y era libre, una vez que había pagado la suma acordada, para recoger y quedarse con todo lo que podía. Así, el gobierno hacía un descuento sobre sus ingresos fiscales previstos, a cambio de obtener dinero por adelantado.

Tras la caída de la monarquía en Francia, se reconoció ampliamente que aquella forma recaudación de impuestos, el tax cultivo, era ridículamente ineficiente. En primer lugar, se desacredita el Estado, identificado en la mente popular con unos unos ávidos aprovechadores privados. En segundo lugar, se generaban mucho menos ingresos que con un sistema bien administrado de recaudación del gobierno, aunque sólo fuera por el margen de beneficios obtenidos por el recaudador privado. Y en tercer lugar, se tenía disgustados los contribuyentes. 

En EEUU hoy en día, tenemos un Estado desacreditado y una insuficiencia de recursos públicos. Curiosamente, no tenemos contribuyentes descontentos – o, al menos, suelen estar descontentos por razones equivocadas. Sin embargo, el problema que nos hemos creado es esencialmente comparable al que se planteaba en el Antiguo Régimen. 

Como en el siglo XVIII, tenemos hoy en día que para evadir las responsabilidades y capacidades del Estado hemos disminuido su prestigio público. El resultado es la formación de “comunidades cerradas” en todos los sentidos de la palabra: subsecciones de la sociedad que se ven a sí mismas como funcionalmente independientes de la colectividad y de sus servidores públicos. Si tratamos exclusivamente o mayoritariamente con empresas privadas, a continuación, con el tiempo, se diluye nuestra relación con un sector público de lo que aparentemente no tenemos necesidad. No importa demasiado si el sector privado hace las mismas cosas mejor o peor, con un mayor o menor coste. En cualquier caso, hemos reducido nuestra relación con el Estado y hemos perdido la noción vital que debemos compartir, y en muchos casos acostumbrarnos compartir con nuestros conciudadanos. 

Este proceso fue bien descrito por uno de sus mayores protagonistas modernos: Margaret Thatcher afirmó que “la sociedad no existe. Sólo hay hombres y mujeres individuales y familias”. Pero si la sociedad no existe y sólo hay los individuos y un Estado vigilante – supervisando de lejos unas actividades en las que no interviene -, entonces que nos unirá? Ya estamos aceptando la existencia de policías privadas, servicios de correo privados, agencias privadas que participan en la guerra, y muchas cosas más. Hemos “privatizado” precisamente aquellas responsabilidades que el Estado moderno fue asumiendo laboriosamente en el curso de los siglos XIX y XX. 

Que debe funcionar entonces como amortiguador entre los ciudadanos y el Estado? Seguramente no “la sociedad”, duramente presionada para sobrevivir a la evisceración del dominio público. Porque el Estado no se extinguirá. Incluso si lo hacemos abdicar de todas sus funciones de servicio, seguirá con nosotros, aunque sólo sea como una fuerza de control y represión. Entonces, entre el Estado y los individuos no habría instituciones o lealtades intermedias: no quedaría nada de la red de servicios y obligaciones recíprocos que une los ciudadanos entre sí en el espacio público que ocupan colectivamente. Todo lo que quedarían serían personas privadas y corporaciones tratando de apropiarse del Estado en beneficio propio.

Las consecuencias no son más atractivas en la actualidad que en los inicios del Estado moderno. De hecho, el impulso a la construcción del Estado tal como la hemos conocido derivaba de manera muy explícita de la comprensión de que ningún conjunto de individuos puede sobrevivir mucho tiempo sin fines compartidos e instituciones públicas. La misma noción de que las ventajas privados podían multiplicarse sobre el beneficio público era ya considerada como palpablemente absurda por los críticos liberales del capitalismo industrial naciente. En palabras de John Stuart Mill, “la idea de una sociedad unida sólo por las relaciones y los sentimientos que surjan de los intereses pecuniarios es esencialmente repugnante”. 

Entonces, ¿qué hacer? Debemos empezar con el Estado: como encarnación de los intereses colectivos, los propósitos col•lectivos, de los bienes colectivos. Si no conseguimos aprender a “pensar el Estado” una vez más, no llegaremos muy lejos. Pero ¿qué debería hacer el Estado, exactamente? Como mínimo, no debe hacer duplicaciones innecesarias: como escribió Keynes: “Lo importante para el Gobierno es no hacer cosas que las personas ya están haciendo, y hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino hacer las cosas que en la actualidad son se hacen en absoluto “. Y sabemos por la amarga experiencia del siglo pasado que hay algunas cosas que sin duda los Estados no deben hacer. 

La narrativa del siglo XX, de un Estado progresista apoyaba precariamente en la presunción de que “nosotros” – los reformistas, los socialistas, los radicales – teníamos la historia de nuestro lado: que nuestros proyectos, en palabras del último Bernard Williams, estaban “siendo alentados por el universo” [3]. Hoy en día, no tenemos una historia tan reconfortante que contar. Acabamos de sobrevivir a un siglo de doctrinas que pretenden con una alarmante confianza decir lo que el Estado había de hacer y recordar a los individuos – por la fuerza si era necesario – que el gobierno sabía lo que es bueno para ellos. No podemos volver a todo esto. Así que si tenemos que “pensar en el estado” una vez más, es mejor empezar con un sentido de sus límites. 

Por razones similares, sería inútil resucitar la retórica de la socialdemocracia de principios del siglo XX. En aquellos años, la izquierda democrática surgió como una alternativa a las variedades más intransigentes del socialismo revolucionario marxista y, en años posteriores, de su sucesor comunista. Inherente a la socialdemocracia había, pues, una curiosa esquizofrenia. Todo marchando adelante con confianza hacia un futuro mejor, lo hacía constantemente mirando nerviosamente por encima de su hombro izquierdo. Nosotros, parecía decir, no somos autoritarios. Estamos a favor de la libertad, no la represión. Somos demócratas que también creemos en la justicia social, los mercados regulados, y así sucesivamente. 

Mientras el principal objetivo de los socialdemócratas era convencer a los votantes que eran una opción radical respetable dentro de la política demócrata, esta postura defensiva tenía sentido. Pero hoy esta retórica es incoherente. No es por casualidad que una democristiana como Angela Merkel puede ganar unas elecciones en Alemania contra sus oponentes socialdemócratas – incluso en el apogeo de una crisis financiera – con un conjunto de políticas que, en todos sus aspectos esenciales se parecen a su propio programa.

La socialdemocracia, de una manera u otra, es la prosa de la política contemporánea europea. Hay muy pocos políticos europeos, y por supuesto menos aún en posiciones de influencia, que puedan disidentes del núcleo de supuestos socialdemócratas sobre los deberes del Estado, por más que difieran en cuanto a su ámbito de aplicación. En consecuencia, los socialdemócratas en la Europa de hoy no tienen nada de distintivo a ofrecer: en Francia, por ejemplo, incluso su irreflexiva disposición a favor de la propiedad estatal no los distingue de los instintos colbertianos de la derecha gaullista. La socialdemocracia necesita reconsiderar sus propósitos. 

El problema no radica en las políticas socialdemocráticas, pero en el idioma en el qué se expresan. Dado que el desafío autoritario de la izquierda ha sido superado, el énfasis en la “democracia” es en gran medida redundante. Todos somos demócratas hoy. Pero “social” aún significa algo – posiblemente más ahora que algunas décadas atrás, cuando un papel para el sector público era admitido sin discusión por todos. ¿Qué hay pues de distintivo en “social” del enfoque socialdemócrata de la política? 

Imaginemos, si se quiere, una estación de ferrocarril. Una estación de tren de verdad, no la estación de Pennsylvania en Nueva York: un fallido centro comercial de los años 60 sobre un depósito de carbón. Quiero decir algo así como la estación de Waterloo en Londres, la Gare de l’Est en París, la dramática Victoria Terminus en Mumbai, o el magnífico nueva Hauptbahnhof en Berlín. En estas remarcables catedrales de la vida moderna, las funciones del sector privado están perfectamente en su lugar: no hay ninguna razón, después de todo, porque los quioscos y los bares sean gestionados por el Estado. Cualquiera que recuerde los sándwiches desecados, envueltos en plástico, los cafés de los ferrocarriles británicos admitirá que la competencia en este campo debe ser alentada. 

Pero no se pueden hacer funcionar los trenes competitivamente. Los ferrocarriles – como la agricultura o el correo – son a la vez y al mismo tiempo una actividad económica y un bien público esencial. Además, usted no puede hacer que un sistema ferroviario sea más eficiente poniendo dos trenes en la vía esperando a ver cuál funciona mejor: los ferrocarriles son un monopolio natural. De una manera poco convincente, los ingleses han creado realmente esta competencia entre los servicios de autobús. Pero la paradoja del transporte público, claro, es que como mejor hace su trabajo, menos “eficiente” puede llegar a ser. 

El autobús que proporciona un servicio regular para aquellos que se lo pueden permitir y evita las aldeas remotas donde sería utilizado sólo por algún jubilado ocasional será el que hará más dinero para su dueño. Pero alguien – el Estado o el municipio – debe proveer este servicio local ineficiente. En su ausencia, los beneficios económicos a corto plazo de la prestación se verán superados por los daños a largo plazo a la comunidad en general. Como era de esperar, por tanto, las consecuencias de la “competencia” en los autobuses – excepto en Londres, donde hay suficiente demanda para todos – han sido un fuerte aumento de los costes asignados al sector público, un fuerte aumento de las tarifas al nivel que pueda soportar el mercado; y atractivos beneficios para las compañías privadas de autobuses. 

Los trenes, como los autobuses, son ante todo un servicio social. Todo el mundo podría explotar una línea de ferrocarril rentable si todo lo que tuviera que hacer fuera enviar trenes de ida y vuelta de Londres a Edimburgo, de París a Marsella, de Boston a Washington. Pero y los enlaces ferroviarios que salen y llegan a lugares donde la gente toma el tren sólo de vez en cuando? Nadie se hará cargo del coste económico por el apoyo a este tipo de servicio para las raras ocasiones en que se utiliza. Sólo en la colectividad – el Estado, el gobierno, las autoridades locales – lo puede hacer. Esta subvención aparecerá siempre ineficiente a los ojos de un cierto tipo de economista: ¿No sería más barato cerrar las vías y que todo el mundo utilice su coche? 

En 1996, el último año antes de que los ferrocarriles británicos fueran privatizados, este servicio se jactó de tener la subvención pública más baja de todos los ferrocarriles de Europa. Aquel año, los franceses estaban programando por sus ferrocarriles una tasa de inversión de 21 libras per cápita de la población, los italianos de 33 libras, los británicos sólo de 9 [4]. Estos contrastes se reflejaban con precisión en la calidad del servicio prestado por los respectivos sistemas nacionales. También explican por qué la red ferroviaria británica podía ser privatizada a bajo precio, tan inadecuada era su infraestructura. 

Pero este contraste en la inversión ilustra mi punto. Los franceses y los italianos habían tratado desde hace mucho tiempo sus ferrocarriles como una prestación social. Llevar un tren en una región remota, pero que fuese un coste inefectivo, sostiene las comunidades locales. Reduce los daños al medio ambiente en proporcionar una alternativa al transporte por carretera. La estación de tren y el servicio que presta son, pues, un síntoma y un símbolo de la sociedad como una aspiración compartida. 

He sugerido anteriormente que la prestación de un servicio de tren en zonas remotas tiene sentido social, incluso si es económicamente “ineficiente”. Pero esto, por supuesto, plantea una cuestión importante. Los socialdemócratas no llegarán muy lejos si proponen loables objetivos sociales que ellos mismos reconocen que cuestan más que las alternativas. Acabaríamos reconociendo las virtudes de los servicios sociales, denunciando sus costes… y no haciendo nada. Necesitamos repensar los sistemas que utilizamos para evaluar todos los costes: los sociales y económicos por igual. 

Permítanme dar un ejemplo. Es más barato entregar prestaciones benévolas a los pobres que garantizarles una amplia gama de servicios sociales de pleno derecho. Por “benevolente” me refiero a la caridad, a la iniciativa privada o independiente, la asistencia en forma de cupones de alimentos, subsidios de vivienda, repartos de ropa, y así sucesivamente. Pero es notoriamente humillante recorrer el extremo de este tipo de asistencia. La “prueba de medios” aplicada por las autoridades británicas a las víctimas de la depresión de la década de los 30 todavía es recordada con disgusto e incluso con ira por la generación más vieja. [5]. 

Por el contrario, no es humillante ser receptor de un derecho. Si usted tiene derecho a las prestaciones por desempleo, jubilación, discapacidad, vivienda social, o cualquier otra asistencia pública de pleno derecho – sin que nadie lo investigue para determinar si han caído suficientemente bajo como para “merecer” ayuda – entonces no se siente avergonzado de aceptarlo. Sin embargo, estos derechos universales son caros.

Pero por qué no tratar la humillación como un coste, una carga para la sociedad? ¿Por qué no decidimos “cuantificar” el daño causado cuando las personas son avergonzadas por sus conciudadanos antes de recibir las meras necesidades de la vida? En otras palabras, ¿por qué no incluir en nuestras estimaciones de productividad, eficiencia o bienestar la diferencia entre una limosna humillante y un beneficio de pleno derecho? Podemos concluir que la prestación de servicios sociales universales, el derecho a la sanidad pública o el transporte público subsidiado es en realidad es una forma de coste-beneficio eficiente para lograr nuestros objetivos comunes. Este ejercicio es de por sí polémico: ¿Cómo podemos cuantificar la “humillación”? ¿Cuál es el coste medible de privar a los ciudadanos rurales del acceso a los recursos metropolitanos? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una buena sociedad? No queda claro. Pero a menos que nos hacemos estas preguntas, como podemos aspirar a elaborar respuestas? [6]

¿Qué queremos decir cuando hablamos de una “buena sociedad”? Desde una perspectiva normativa podríamos empezar con una “narrativa” en la que situar nuestras decisiones colectivas. Este tipo de narrativa sustituiría los términos estrictamente económicos que limitan nuestras discusiones actuales. Pero la definición de nuestros objetivos generales por esta vía no es un asunto sencillo. 

En el pasado, la socialdemocracia social sin duda se ocupaba de las cuestiones sobre qué estaba bien y qué mal: sobre todo porque heredó un vocabulario ético pre-marxista influido por el rechazo cristiano contra los excesos de riqueza y el culto al materialismo. Pero estas consideraciones eran a menudo interferidas por interrogantes ideológicos. Era necesario condenar el capitalismo? Si era así, una política determinada llevaría a su prevista desaparición o a su postergación? Si el capitalismo no era condenado, entonces las opciones políticas deberían ser concebidas desde una perspectiva diferente. En cualquier caso, la pregunta relevante se solía plantear el entorno de las perspectivas del “sistema” en lugar de considerar las virtudes o defectos inherentes a una iniciativa determinada. Estas preguntas ya no nos preocupan. Así pues, estamos más directamente confrontados a las implicaciones éticas de nuestras opciones. 

Qué es exactamente lo que encontramos abominable en el capitalismo financiero, o en la “sociedad comercial” como se decía en el siglo XVIII? ¿Qué encontramos instintivamente malo en nuestro funcionamiento actual y qué podemos hacer al respecto? Que nos parece injusto? Qué es lo que ofende a nuestro sentido de la decencia cuando vemos actuar a los grupos de presión sin límites de los ricos a costa de todos los demás? ¿Qué hemos perdido? 

Las respuestas a estas preguntas deberían tener la forma de una crítica moral de las insuficiencias del mercado libre o del Estado irresponsable. Debemos comprender por qué ofenden nuestro sentido de justicia o equidad. Necesitamos, en definitiva, devolver al reino de los fines. Aquí la socialdemocracia es de una ayuda limitada, porque su propia respuesta a los dilemas del capitalismo no era más que una expresión tardía del discurso moral de la Ilustración aplicada a “la cuestión social”. Nuestros problemas son bastante diferentes. 

Estamos entrando, en mi opinión, en una nueva era de la inseguridad. La última de estas fue, memorablemente analizada por Keynes Las consecuencias económicas de la paz (1919), después de décadas de prosperidad y progreso que vieron un aumento dramático en la internacionalización de la vida: la “globalización” en una palabra. Como Keynes lo describe, la economía comercial se extendía a todo el mundo. El comercio y la comunicación se estaban acelerando a un ritmo sin precedentes. Antes de 1914, era ampliamente afirmado que la lógica del intercambio económico pacífico triunfaría sobre el interés nacional. Nadie esperaba que todo esto pudiera llegar a un final abrupto. Pero sucedió. 
Nosotros también hemos vivido una era de estabilidad y seguridad, y la ilusión de una mejora económica indefinida. Pero todo esto ha quedado atrás. En el futuro previsible tendremos inseguridad económica e incertidumbre cultural. Tenemos sin duda menos confianza de nuestros objetivos colectivos, en nuestro bienestar ambiental o en nuestra seguridad personal que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. No tenemos idea de qué clase de mundo heredarán nuestros hijos, pero ya no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que pasará parecido a nuestra manera tranquilizadora de proceder. 

Tenemos que hacernos la misma forma en que la generación de nuestros abuelos respondió a desafíos y amenazas similares. La socialdemocracia en Europa, las respuestas del New Deal y la Great Society aquí en los EE.UU. fueron respuestas explícitas a las inseguridades y desigualdades de la época. Pocos en Occidente tienen edad suficiente para saber exactamente lo que significa observar cómo nuestro mundo se desmorona [7]. Nos es difícil concebir una ruptura completa de las instituciones liberales, una desintegración total del consenso democrático. Pero fue precisamente esta ruptura lo que suscitó el debate Keynes-Hayek del cual nació el consenso keynesiano y el compromiso socialdemócrata: el consenso y el compromiso en el que crecimos atractivo ha sido oscurecido por su propio éxito. 

Si la socialdemocracia tiene un futuro, será como una socialdemocracia del miedo [8]. En lugar de tratar de restaurar un lenguaje del progreso optimista, debemos empezar por familiarizarse de nuevo con nuestro pasado reciente. La primera tarea de los disidentes radicales de hoy es recordar a su público los éxitos del siglo XX, junto con las posibles consecuencias de nuestra carrera sin freno para desmantelarlos. 

La izquierda, por ser muy contundente al respecto, tiene cosas que conservar. Es la derecha la que ha heredado el ambicioso afán modernista para destruir e innovar en nombre de un proyecto universal. Los socialdemócratas, característicamente modestos en estilo y ambición, tienen que hablar con más firmeza de las ganancias anteriores. El surgimiento del Estado de servicios sociales, el siglo largo de construcción de un sector público con bienes y servicios que ilustre y promueven nuestra identidad colectiva y nuestros propósitos comunes, la institución del welfare como una cuestión de derecho y su provisión como un deber social: estos no son logros menores.

Que estos éxitos no eran más que parciales, no nos debería preocupar. Si hemos aprendido algo del siglo XX, al menos debería ser que cuanto más perfecta es la respuesta, más terribles son sus consecuencias. Mejoras imperfectas de las circunstancias insatisfactorias son lo más que podemos esperar, y probablemente todo lo que debemos buscar. Otros han pasado las últimas tres décadas desentrañando y desestabilizando metódicamente estas mejoras: esto nos debería irritar mucho más de lo que estamos. También nos debería preocupar, aunque sólo sea por motivos de prudencia: ¿Por qué hemos ido tan deprisa en derribar los diques trabajosamente construidos por nuestros predecesores? Tan seguros estamos de que no hay inundaciones por venir? 

Una socialdemocracia del miedo es algo por lo que vale la pena luchar. Abandonar los trabajos de un siglo es traicionar a los que vinieron antes de nosotros, así como a las generaciones por venir. Sería agradable – pero engañoso-decir que la socialdemocracia, o algo parecido, representa el futuro que queremos pintar a nosotros mismos como un mundo ideal. Ni siquiera representa el pasado ideal. Pero entre las opciones disponibles para nosotros en el presente, es mejor que cualquier otra cosa a mano. En palabras de Orwell, cuando reflejaba en Homenaje a Cataluña sus experiencias en la Barcelona revolucionaria: 

“Hubo muchas cosas que yo no entendía, en algunos aspectos ni tan 
sólo me gustaban, pero reconocí inmediatamente que era un estado
 
de cosas vale la pena luchar “.
 

Creo que esto no es menos cierto en cuanto a recuperar la memoria del siglo XX, de la socialdemocracia. 

Notas 
[1] Ver “High Gini Is Loosed Upon Asia,” The Economist, August 11, 2007. 
[2] Ver Massimo Florio, The Great Divestiture: Evaluating the Welfare Impact of the British Privatization, 1979-1997 (MIT Press, 2004), p. 163. Por Harvard, ver “Harvard Endowment Posts Solid Positive Return,” Harvard Gazette, September 12, 2008. For the GDP of Paraguay o Bosnia-Herzegovina, see www.cia.gov / library / publications / the-world-factbook / geos / xx.html. 
[3] Bernard Williams, Philosophy as a Humanistic Discipline (Princeton University Press, 2006), p. 144. 
[4] Por estas cifras, ver mi ” ‘Twas a Famous Victory,” The New York Review, July 19, 2001. 
[5] para una recolección comparable de cosas humillantes, veure The Autobiography of Malcolm X (Ballantine, 1987). Agradezco a Casey Selwyn que me lo indicara. 
[6] TLA Comisión internacional para la medición de la eficacia económica y el progreso social (international Commission on Measurement of Economic Performance and Social Progress), presidida por Joseph Stiglitz y asesorada por Amartya Sen, recomendó recientemente un enfoque diferente para medir el bnestar colectivo. Pero a pesar de la originalidad admirable de sus propuestas, ni Stiglitz ni Sen van más allá de sugerir mejores maneras de evaluar la eficiencia económica, las preocupaciones no económicas no figuran de manera prominente en su informe. Ver www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm. 
[7] La excepción, naturalmente, es Bosnia, los ciudadanos de la que son conscientes de lo que significa un tal colapsos. 
[8] Por analogía con “The Liberalism of Fear” el penetrante ensayo de Judith Shklar sobre la desigualdad política y el poder.


3 Comments To "Tony Judt: ¿Qué está vivo y qué ha muerto en la socialdemocracia?"

#1 Pingback By Pedazos de una autobiografía de Tony Judt « Blog de la redacción On 9 Agosto 2010 @ 21:40

[...] dead in Social Democracy? (”¿Qué está vivo y qué ha muerto de la socialdemocracia?” en español). En la presentación de dicho texto, anunció públicamente su enfermedad. En la página del [...]

#2 Pingback By ¿Antipolítica? No, mejor política « En Campo Abierto On 1 Octubre 2012 @ 11:27

[...] poder económico y social que está marcando de verdad el ritmo y la orientación de los cambios. Como se ha dicho ya repetidas veces y por numerosos teóricos de la izquierda, estamos en la fase de destrucción de los muros de defensa de la sociedad solidaria para intentar [...]

#3 Pingback By Estado de bienestar o fractura social | La Pecera Naranja On 8 Octubre 2013 @ 0:46

[...] al artículo “ ¿Qué está vivo y qué ha muerto en la socialdemocracia?” de Tony [...]


Article printed from Notas de Bruselas: http://www.noucicle.org/obiols_cas

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URLs in this post:
[1] Tony Judt: http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Judt
[2] “What is Living and what is Dead in Social Democracy?”). : http://www.nybooks.com/articles/23519
[3] un artículo interesante.: http://www.elboomeran.com/blog-post/205/8284/lluis-bassets/las-noches-de-tony-judt/